Es común verse tentado por las facilidades de adquirir objetos o bienes gracias a las alternativas financieras de crédito disponibles en la actualidad. Pero tienes que ser consciente de que existen altos riesgos de caer en deudas difíciles de pagar, si no evalúas cuidadosamente tu situación financiera actual para conocer si estás en capacidad de asumir dichos compromisos.
De acuerdo a expertos en finanzas, más del 25% de los españoles asumen deudas que no pueden cubrir, y esto los lleva a verse implicados en situaciones en las cuales generan deudas excesivas que van creciendo exponencialmente por su incapacidad de solvencia.
Al asumir una deuda superior a su capacidad de ahorro, la persona se expone a tener que solicitar un nuevo financiamiento para solventar las deudas anteriores, y solo crea un círculo interminable de obligaciones por pagar que finalmente le llevará a una situación insostenible.
Debido a que ésta es una situación común, se ha creado una solución que permite a las personas con sobreendeudamiento, tener una alternativa para poder saldar sus deudas, siempre que no puedan asumirla. Esta se conoce como la Ley de Segunda Oportunidad.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Este es un recurso legal que se ofrece a aquellas personas físicas afectadas por incumplimiento de pago, la cual permite la exoneración parcial o total de sus deudas a través de un proceso de negociación extrajudicial, el cual, en los casos más complejos, se lleva a una fase judicial donde un juez dictaminará la posible disolución de los compromisos de pago.
Se trata de un procedimiento regulado por la Ley 25/2015, con fecha de 28 de julio, la cual aplica tanto a particulares como a autónomos que estén en una situación en la que sean incapaces de hacer frente a sus deudas.
Para poder acogerse a esta ley, es necesario comprobar que la situación financiera de la persona implicada es delicada, y no puede cumplir con el pago de las deudas bajo ningún concepto.
Según sea el caso, el juez determinará el convenio de pago a plazos para poder solventar los compromisos de pago y en los casos donde esto no sea posible, podrá determinar la exoneración completa de la deuda, permitiéndole salir de la lista de ASNEF y empezar desde cero con un expediente crediticio completamente limpio.
Requisitos para aplicar a los beneficios de esta ley
Aunque esta ley se puede aplicar a toda aquella persona que esté en una situación desesperada por exceso de deudas, existen algunos parámetros que son indispensables para poder obtener los beneficios de exoneración. Entre ellos se encuentran:
- Las deudas pendientes no pueden superar los 5 millones de euros.
- El solicitante no puede tener antecedentes penales relacionados con falsedad documental, delitos socioeconómicos ni patrimoniales.
- No puede haber mentido sobre su situación financiera, ni ocultar información importante que podría servir para saldar sus deudas.
- No debe haber sido beneficiado por la Ley de Segunda Oportunidad en los últimos 10 años.
- Es indispensable haber intentado obtener un acuerdo extrajudicial con los acreedores para demostrar que siempre ha actuado en buena fe.
El último ítem es fundamental, ya que se debe poder demostrar que el deudor ha sido un buen pagador en el pasado, pero que en la actualidad atraviesa por una mala situación económica que no le permite bajo ningún medio ponerse al día con los pagos.
Saldar deudas de la administración pública por medio de la Ley de Segunda Oportunidad
Originalmente, la Ley de Segunda Oportunidad estaba destinada únicamente a la exoneración de deudas adquiridas con entidades privadas. Pero gracias a una reforma que sufrió la ley en el año 2019, ahora es posible someter los compromisos de pago adquiridos con la administración pública a la Ley de la Segunda Oportunidad.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las entidades privadas, donde se puede obtener una exoneración total de la deuda, si la situación financiera del deudor es extremadamente difícil, en el caso de las deudas con la administración pública sólo pueden ser exoneradas hasta en un 70%. El otro 30% deberá ser cancelado según el acuerdo al que se llegue en el proceso judicial, con un fraccionamiento de la deuda restante hasta por 5 años.
Esta modalidad es especialmente ideal para solventar las deudas adquiridas con Hacienda y la Seguridad Social, aunque también aplica para préstamos hipotecarios y tarjetas revolving.
