Barcelona Hoy | Hace tres meses el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que la discriminación lingüística en Cataluña debería limitarse a un 75% de clases en catalán y al menos un 25% en castellano. La Generalitat ha dicho que no piensa cumplir la sentencia y el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, se lava las manos porque obligar al cumplimiento de la sentencia provocaría a su vez la caída de su gobierno.
El gobierno central dice que eso son competencias de la Generalitat, y la Generalitat simplemente dice que «no ve conveniente» impartir al menos un 25% de horas lectivas en español. «Porque la lengua propia de este país es el catalán».
«El castellano se aprende viendo la tele»
En respuesta a una pregunta parlamentaria de la ex diputada de Ciudadanos Marta Martín, el ejecutivo catalán dice que «respeta las decisiones de los tribunales, a los que corresponde realizar el seguimiento y la garantía del cumplimiento de sus sentencias». No obstante, se contradice al afirmar que no piensa modificar ni un ápice el sistema educativo catalán.
La Generalitat se «compromete» a garantizar que todo el alumnado termine la enseñanza obligatoria con un alta capacidad en catalán y castellano, pero al mismo tiempo recuerda que las competencias para hacerlo son suyas en exclusiva y que el castellano ya se aprende de manera natural fuera de la escuela. Textualmente la portavoz de la Generalitat dice que «garantizar que todo el alumnado alcance ese aprendizaje y la manera de lograrlo corresponde a la administración educativa y a los centros».
La Generalitat advierte de que no va a cumplir la sentencia del TSJC porque la sentencia es un «contrasentido» y una «desconfianza hacia los profesores».
ERC propone que sean los profesores quienes decidan la lengua de enseñanza (y por tanto el número de horas de clases en castellano)
ERC ya ha comunicado que no piensa cumplir lo ordenado por el TSJC y quiere cambiar la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Su plan es dejar que cada profesor decida en qué lengua da las clases, que actualmente se desarrollan exclusivamente en catalán. A su vez ellos seguirán siendo quienes decidan qué profesores consiguen plaza.
La única asignatura que en principio se puede legalmente dar en castellano es la asignatura de Lengua Castellana, tres horas lectivas a la semana en los mejores casos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC constató que sólo 5 de los 184 centros educativos de la muestra que la Generalitat les entregó impartían en castellano un mínimo del 25% de horas lectivas en español.
En Primaria apenas un 18% de los centros, en la ESO un 19% y ya en Bachillerato un 26%.
Cuando Martín ha preguntado al Govern qué valoración hace de estos datos la portavoz se ha limitado a esbozar una leve sonrisa y a pedir la siguiente pregunta.
La ministra de Educación miente
La ministra de Educación Isabel Celaá niega la mayor y dice que en Cataluña los niños reciben «clases suficientes en castellano», pese a que todos los informes de los últimos 30 años dicen lo contrario. A la pregunta de qué piensa hacer si la Generalitat cumple su amenaza de no acatar la sentencia del TSJC no ha querido hacer declaraciones.
Ya el 11 de julio de 2018 aseguró sin inmutarse en el Congreso: «Efectivamente, la comunidad autónoma catalana está cumpliendo con la cooficialidad de las lenguas en cuanto a conocimiento suficiente y expresión de los alumnos y alumnas se refiere», cosa que el TSJC ha afirmado ahora sin ningún género de dudas que no es cierto.
Las clases en castellano en Cataluña moneda de cambio del Gobierno
La nueva Lomloe ha sido modificada para prescindir de la garantía de poder estudiar un mínimo de horas lectivas en castellano. Era una de las líneas rojas de ERC para apoyar al gobierno socialista en Madrid.
Martín, la exdiputada de Ciudadanos, asegura que su ya expartido ha decidido también «renunciar» a la defensa de los derechos lingüísticos y a las clases en castellano en Cataluña, para poder llegar a un entendimiento con el PSOE en el Gobierno de España y en otras comunidades.
Aquellos padres que tienen la esperanza de que algún día sus hijos puedan educarse, al menos parcialmente, en castellano en Cataluña tienen un futuro muy negro.
