La situación en el gobierno de Cerdanyola cada vez es más tensa. La legislatura que comenzó con un gobierno tripartito independentista está acabando en desastre. Primero una pelea entre PdCAT por un lado y Compromís y ERC por otro provocó la salida del gobierno municipal de los primeros. Más tarde se enfrentaron la marca local de la CUP y ERC, con el resultado de que los cinco concejales de Carles Escolà se quedaron gobernando solos. Una cantidad que ha demostrado ser insuficiente para gobernar una población de casi 58.000 habitantes.
Al gobierno de Cerdanyola se le acumulan los problemas
En el pleno celebrado ayer una mayoría de concejales rechazó su plan derribar los cines El Punt y construir viviendas en su lugar. Una representación de los vecinos del barrio de Fontetes se presentaron en la sala con pancartas, y entre gritos acusaron al gobierno de Compromís per Cerdanyola de embustero y de no haber contado con los vecinos. Un hecho que contrasta con las promesas electorales de Escolà, pues en la propia web del partido se afirma que «La participación no termina sólo en la recogida de las opiniones, sino en la capacidad de decidir de la ciudadanía en todo lo que nos afecta», cosa que según los vecinos no se ha cumplido en absoluto.
Durante el mes de febrero, al alcalde se le han acumulado dos casos judiciales por prevaricación: por un lado la secretaria general del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, Aurora Corral García, interponía una querella criminal, y por otro la justicia le abría diligencias por algunas de sus decisiones en 2017. La respuesta de Escolà ha sido amenazar a los jueces.
Ni siquiera ERC, el aliado ideológico más cercano a Compromís y socio de gobierno durante casi toda la legislatura, se libra. Ahora les acusan de haber buscado en todo momento generar dudas sobre su gestión en la causa abierta de Cerdanyola Aparca, «torpedeando constantemente todos los pasos que se hacían adelante». ERC se defiende insistiendo en que su grupo «sólo cumplió con sus obligaciones como concejales de informar a fiscalía de unos hechos que podrían constituir delitos». Mientras tanto los vecinos siguen esperando soluciones.
¿Del lado de quién está Compromís?
En 2017 el ayuntamiento de Cerdanyola aprobó por unanimidad celebrar un acto anual en recuerdo de las víctimas del terrorismo, cada 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Carles Escolà y Compromís se han negado a asistir ni a colaborar en los actos realizados en 2017 y 2018.
Para lo que sí han encontrado tiempo es para participar en actos de homenaje al terrorista etarra Juan Paredes alias el Txiki, condenado a la pena capital por asesinar a un policía durante un atraco a la sucursal bancaria en 1975. Carles Escolà ha asistido durante su mandato a varios actos presididos por pancartas en apoyo al reagrupamiento de los terroristas de ETA.
Compromís al lado de los violentos
La regidora de Compromís, Laura Benseny, no oculta que está al lado de los violentos. En su cuenta de Twitter celebra orgullosa las largas colas de atascos que se forman cada vez que los CDR cortan las carreteras.
El problema es que la regidora de Compromís está segura de que va a cobrar su sueldo, pero no piensa en los trabajadores autónomos. Estos si no trabajan no cobran. No le importa que haya ciudadanos que necesiten llegar urgentemente al hospital, ni los problemas que provocan los atascos a los padres que necesitan llegar al colegio para recoger a sus hijos. Por no hablar del daño a la imagen y a la economía de Cataluña.
Laura Benseny no tienen ningún inconveniente tuit tras tuit de alinearse con los violentos. Se enorgullece de participar, promover y alentar los actos de los CDR, al tiempo que retuitea a personajes como Arnaldo Otegui. Exmiembro de ETA que ha participado en infinidad de atentados, entre ellos el secuestro y tortura del empresario Luis Abaitúa, que cometió el «delito» de ser director de Michelín en 1979 y no dejarse extorsionar por ETA, o el secuestro de Javier Rúperez (como confesó la terrorista Françoise Marhuenda años después).
Laura Benseny tampoco tienen ningún inconveniente en reconocer que no piensa obedecer a la justicia.
Lo que no tienen en cuenta es que ella forma parte del estado, es un cargo electo y cobra dinero público por cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Seguirá pensando lo mismo cuando algún ciudadano de Cerdanyola se niegue a pagar las multas de aparcamiento?
¿A qué se dedica Compromís en el Gobierno de Cerdanyola?
Carles Escolà prometió no pagar la deuda del ayuntamiento y sancionar a los bancos. Al final no solo ha pagado la deuda con intereses (incluso productos bancarios tóxicos) sino que presume de ello. Lo que no aclara es que esos intereses los vamos a pagar con nuestros impuestos todos los vecinos de Cerdanyola.
Entre las promesas electorales de Compromís estaba la de apostar por la «no remuneración de cargos electos, el trabajo en equipo, y las asambleas vecinales». Así consta textualmente todavía hoy en su web oficial, pero ni uno solo de los cinco concejales de Compromís ha renunciado a su sueldo, ni ha hecho ningún intento por reducir su cuantía. Tampoco han trabajado en equipo (han sido incapaces de formar un gobierno estable con ninguna otra de las seis formaciones políticas). Y con respecto a contar con las asambleas vecinales, a juzgar por la reacción de los vecinos de Fontetes, tampoco parece que lo hayan cumplido.
En cuanto a la relación del consistorio de Cerdanyola con la EMD de Bellaterra las negociaciones se encuentran en punto muerto. La encargada de encauzar la situación, Laura Benseny, ha sido incapaz en estos cuatro años de evitar que los vecinos de Bellaterra estén haciendo todas las gestiones necesarias para marcharse de Cerdanyola y anexionarse a Sant Cugat.
