Los nacionalismos fueron y siguen siendo el cáncer de Europa. El nacionalismo es un movimiento excluyente, infantil e identitario, que se sustenta en la idea radical de que uno es mejor por nacer en un determinado lugar. Como cualquier tipo de pensamiento excluyente, también el nacionalismo necesita un chivo expiatorio sobre el que volcar toda su frustración, y así, al mismo tiempo, eludir toda responsabilidad. ¿Y qué mejor para la supervivencia de un nacionalismo que otro nacionalismo? ¿Qué mejor para el independentismo catalán que la existencia del partido de extrema derecha Vox, y viceversa? Los nacionalismos cuando no confrontan, se mueren. Y por eso buscan con ansia alguien con el que confrontar: el conflicto es la única manera que tienen de seguir existiendo.
«En España, afortunadamente, no hay presos políticos, por más que se repita como un mantra sectario.»
España es un país complejo, con una tendencia hipnótica por la autodestrucción, y con una facilidad increíble para cuestionarse a sí misma con severidad. La democracia española debiera ser resistente a estos envites, de los que pareciera estar ya vacunada, a pesar de todo. El pasado de los derechos y libertades en España es sin lugar a dudas un pasado turbio, con alargadas sombras y con intermitentes luces; un pasado que vuelve al presente para recordarnos lo peor de nosotros mismos, para recordarnos que la batalla de la paz nunca se ha ganado del todo.
Ha dado comienzo por fin el denominado “juicio del procès”, que arrojará luz ante tanta confusión deliberada, ante tanto espurio interés de caricaturizar a España como un país sin garantías, a pesar de que España es una de las únicas 20 democracias plenas del mundo, según el Democracy Index 2018 de “The Economist Intelligence Unit”, estamos 10 puestos por encima de Francia o 12 puestos por encima de Bélgica.
En España, afortunadamente, se respetan escrupulosamente los Derechos Humanos: somos uno de los países europeos con menos sentencias condenatorias por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; nuestra calidad democrática está en los estándares de los mejores países de la Unión, y del resto del mundo. La ofensiva lanzada desde el separatismo catalán tiene así un primer objetivo: devaluar la democracia española y generar la duda ante la opinión internacional sobre nuestra calidad democrática.
España, los pasados 6 y 7 de septiembre y 1 de octubre de 2017 sufrió una agresión manifiesta a la Constitución cuando el Parlament de Cataluña decidió unilateralmente romper, no solo con la Constitución Española, sino con el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y todo ello contra el criterio de los propios letrados del Parlament. El independentismo catalán decidió situarse al margen de la ley e incluso dar un paso más allá, y violentar de un modo explícito la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Fue el independentismo catalán el que se situó fuera de la democracia en aquellos días.
«Lo que el independentismo catalán sí ha decido hacer es cerrar el Parlament de Cataluña, sede de la soberanía catalana»
En España, afortunadamente, no hay presos políticos, por más que se repita como un mantra sectario. Ya lo atestiguaron así Amnistía Internacional o las propias víctimas del franquismo, que se sintieron profundamente molestas con que hubiera gente que afirmara que en España, en el siglo XXI, había presos políticos. En España no se juzga a nadie por sus ideas políticas. Lo que se está juzgando en este juicio son hechos que pueden ser constitutivos de delito. Si en España se juzgaran las ideas políticas, los partidos independentistas estarían ilegalizados, cosa que no ocurre.
Sin embargo, lo que el independentismo catalán sí ha decido hacer es cerrar el Parlament de Cataluña, sede de la soberanía catalana, mientras dure este juicio. No es la primera vez que el soberanismo apuesta por amordazar el Parlamento, alejándose así una vez más, de la democracia. Consideran realmente que las instituciones catalanas les pertenecen por derecho, al margen de cualquier otra cuestión, de cualquier otra opinión. Sienten que Cataluña les pertenece, cuando ni siquiera tienen mayoría social, cuando ni siquiera han tenido nunca más votos que los ciudadanos no independentistas.
Seguirán intentando construir un relato que cuestione nuestra democracia. Seguirán usando las mentiras para intoxicar la convivencia en Cataluña. Me asusta pensar que nos tengamos que pasar este siglo levantando fronteras y no derribándolas; no puedo llegar a entender cómo gente joven se envuelve en una bandera para exclamar que los territorios tienen derechos. Afortunadamente, los derechos los tienen las personas, ya superamos la época oscura y feudal en el que los territorios también tenían derechos, pasando encima por encima de los derechos de las personas.
La democracia no es sinónimo de votarlo todo, y de cualquier manera. ¿Es democracia votar si expulsamos o no a los inmigrantes? ¿Es democracia o no votar si aceptamos o no la pena de muerte? Yo defiendo que en democracia los derechos fundamentales no se votan, se garantizan. Y es por eso que también defiendo que si convivimos juntos, juntos debemos decidir; la primera regla de la democracia es acatar las sentencias de los tribunales de justicia, no puentearlas. El independentismo catalán intentó generar una soberanía espuria, rompiendo con la legalidad y con la democracia. Cuando se intentan generar estructuras de estado paralelas, otorgándoles una legitimidad que no tienen por derecho, se están conculcando Derechos Fundamentales, que es precisamente lo que en aquellos días del otoño de 2017 hizo el separatismo catalán.
En la democracia española se puede ser independentista, de derechas, de izquierdas e incluso de extrema derecha o de extrema izquierda, lo que no se puede es romper la ley y generar una nueva legalidad y un nuevo orden jurídico: en Cataluña en aquellos días de otoño de 2017 hubo un intento de establecer leyes ad hoc, hecho más propio de regímenes totalitarios fascistas o comunistas que de una democracia consolidada.
En democracia las revoluciones se hacen en el Boletín Oficial del Estado (o de la Comunidad Autónoma), esa es la verdadera victoria de la democracia: el traspaso de poder, el respeto a la ley e incluso la discrepancia de la ley, sin derramamiento de sangre y sin intentos de romper las reglas del juego por la fuerza. Cuando un Parlamento se atribuye competencias que no tiene, se convierte en un Parlamento totalitario e ilegítimo; y eso fue el movimiento que cristalizó los días 6 y 7 de septiembre y 1 de octubre, un movimiento totalitario e ilegítimo.
Mariano Beltrán
Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos
Twitter: @MarianoBeltran
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