Barcelona Hoy | El presidente Pedro Sánchez, dudoso doctor “Cum Laude” en diplomacia económica, ha fichado a 100 expertos de “élite” para diseñar la era “poscovid”. Se trata de un grupo de especialistas, la mayoría economistas, aunque también hay sociólogos y científicos españoles, que se reúnen en 10 grupos diferentes desde hace más de un mes para imaginar la “era poscovid” y proponer una serie de medidas que saque del coma vírico a la economía española.
Estamos hablando de 100 expertos que no aparecían en las listas electorales del PSOE ni de Podemos y que, sorprendentemente, al parecer no cobrarán un euro por su labor de análisis y elaboración de una serie de propuestas que nos sacarán del lodo en el que estamos estancados. Para algunos esta iniciativa, a priori, nos resulta conmovedora y sorprendente (¡aún quedan grandes especialistas en España que no cobran ni un duro cuando se trata de salvar a su país… enternecedor!), pero nos genera una serie de interrogantes.
¿Cómo es que teniendo a la “generación política mejor preparada de la Historia”, a la camada de “jóvenes plus ultra” como Pablo Iglesias (experto en Maquiavelo), Irene Montero (terapeuta del ego del anterior), el ínclito Pablo Echenique, Carlos Monedero (asesor de una moneda bolivariana que nunca vio la luz) y el becario tramposillo Iñigo Errejón… tenemos que recurrir a expertos ajenos a la política para sacarnos del atolladero? ¿Acaso las listas electorales del PSOE y de Podemos no estaban integradas por “los mejores”?
En nuestro país, conceptos como productividad y rentabilidad parecen estar totalmente reñidos con el quehacer de la política cotidiana. Es como si fuera un pecado social hablar de dinero y de negocios. Si en un ambiente “progresista” empiezas a utilizar términos como aumentar la productividad o mejorar el retorno de una inversión te miran como si fueras nieto de Mussolini o el cochero del Conde Drácula.
En este contexto de “progresistas de cartón piedra”, en el que se desconoce el valor transformador del dinero y de los procesos productivos eficientes, se entiende que nadie critique el hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez necesite de 22 ministerios para gestionar la realidad española. Cuando en Alemania, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) es 2,76 veces mayor que el nuestro, sólo tienen 14 ministerios para gestionar la vida de más de 83 millones de ciudadanos alemanes.
A pesar de tener más políticos per cápita que Alemania, el presidente Pedro Sánchez ha decidido contar con unos expertos ajenos a la política para diseñar una estrategia para salir de esta crisis. Y muchos nos preguntamos. ¿Entonces, para qué mantenemos a tantos políticos? ¿Para qué sirve pagar sueldos millonarios a políticos que, a la hora de tomar decisiones de verdad, se marchan a las 3 en coche con su chofer a su chalet, en la sierra madrileña, a conciliar con su parienta la vida familiar mientras el país se encuentra al borde del colapso?
Que conste que para los autónomos y pequeños empresarios depender de un “think tank” de élite tampoco genera más confianza. La mayoría de los expertos seleccionados por el equipo de Pedro Sánchez están vinculados a la universidad pública española. Catedráticos mayores (adormecidos por las investigaciones rutinarias basadas “en la fritanga” académica -es decir, en copiar de muchos- para cumplir sus objetivos anuales), licenciados que están vinculados a Organismos Internacionales donde, a base de dietas hasta por tragar saliva, ejercen más una función de representación política que un trabajo con repercusión real para la ciudadanía y, por último, están los expertos relacionados con los grandes despachos multinacionales que velan más por sus intereses que por la pensión de mi vecina del quinto.
Buscar las soluciones a la crisis económica actual en la universidad pública española es como buscar la cura a la cleptomanía en las rebajas de El Corte Inglés. Imposible. La universidad pública española es parte importante del problema. En su conjunto padece de “esclerosis posfranquista”. Existen, claro está, algunas excepciones como es el caso de las ciencias empíricas y aplicadas. Pero en su conjunto, desde la muerte del dictador Franco, desde la lucha contra el régimen franquista en las aulas universitarias, la universidad española no ha aportado nada nuevo. Al contrario. Una parte significativa de su profesorado de letras y ciencias sociales se ha enquistado en sus ensoñaciones revolucionarias, en sus mantras izquierdistas de salón donde prima el postureo progresista que ha alumbrado una generación cínica a más no poder. Una generación que proclama una cosa y, al minuto siguiente, hace la contraria y cuyo máximo exponente es el vendedor político de crecepelos llamado Pablo Iglesias.
Durante más de 40 años los dirigentes políticos progresistas no han hecho nada por transformar realmente la mentalidad de la ciudadanía en relación con la formación. Durante todo este tiempo, no han hecho nada para modificar el dicho “el que vale para estudiar que vaya a la Universidad y, el que no, que vaya a Formación Profesional”. Así nos ha ido. La Universidad Española, ajena a la demanda real del mercado laboral, se ha convertido en estas últimas décadas en una auténtica fábrica de parados supuestamente cualificados. Miles de economistas, abogados, sociólogos, historiadores, geógrafos, filósofos, lingüistas, filólogos, politólogos… han engrosado las listas del paro o terminado de cajeros en entidades bancarias, comerciales de editoriales, vendiendo semen, haciendo encuestas o afiliándose a Podemos.
¿Divagaciones maledicentes? Veamos que dicen algunos datos. Según el Ranking QS de las Universidades del Mundo, elaborado por la empresa británica Quacquarell Symonds, la Universidad de Barcelona -que es considerada la primera universidad pública española- ocupa el puesto 156 en el ranking de las universidades del mundo. ¡El puesto 156, por Dios! Un país que, al parecer, es la décima tercera potencia económica del mundo tiene a su primera universidad pública en el puesto 156. Puestos a elegir pienso que mejor sería ocupar el puesto 169, así tendríamos al menos notoriedad erótica en el mundo académico. Aunque estoy convencido que, si José Luis Rodriguez Zapatero, saliera del éter dorado de su “jubilación progresista”, seguramente definiría ese puesto como “la champions league” de las universidades del mundo.
¿Qué tiene el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para ser la primera universidad del mundo y qué tiene la UB para ser la 156? De entrada, está la diferencia de sus lemas. Mientras el MIT tiene por consigna “Mente y manos”, es decir “Piensa y construye”, la UB tiene el sencillo, escueto y pegadizo lema “La libertad ilumina todas las cosas con su luz”. Sin comentarios. Aunque el subconsciente interprete que estamos tarareando una canción de Perales. Luego, está el tema de las carreras. Mientras el MIT es la “Number One” en ingenierías y tecnología, arquitectura, química, física, astronomía y lingüística, la UB se encuentra en el pelotón de las medianías de Bellas Artes, Derecho, Educación, Filología y Economía y Empresa.
El tema de las patentes también es significativo. El número de patentes que genera una universidad, afirmaba hace poco, que dirigió la oficina de gestión de patentes del MIT durante 25 años, representa el impacto de la innovación que crea nuevos productos que cambian el mundo, curan enfermedades y contribuyen al desarrollo económico a través de creación de nuevas empresas y generación de estudiantes y profesores que inician sus propios negocios. El MIT, en el año 2016, ingresó más de 62 millones de dólares gracias a sus patentes. La UB, en cambio, necesitó 15 años para ingresar 3,2 millones de euros.
En cuanto al profesorado de la UB en general, y del resto de universidades públicas catalanas, tampoco hay comparación posible con el MIT. La universidad estadounidense cuenta con 76 premios Nobel entre su profesorado. La UB, en cambio, no cuenta siquiera con un profesor que haya ganado el Nobel u otro premio científico destacado a nivel internacional. ¿Motivos? Quizás sea porque, en su vida académica, la política tiene más relevancia que la ciencia. Recientemente, cerca del 90 por 100 del profesorado del claustro de la UB aprobó un manifiesto solicitando la libertad de los políticos catalanes que fueron condenados por el Tribunal Supremo por conspiración y maquinación para dar un golpe de estado a la democracia española. ¿Es esto ciencia pura o ciencia impura?
¿Se imaginan al 90 por 100 de los profesores del MIT apoyando a políticos golpistas que han sido condenados por el Tribunal Supremo estadounidense? ¿O que el MIT contrate directamente a uno de los cabecillas condenado por alta traición a los Estados Unidos como lo ha hecho la Universitat de Vic con el político golpista Oriol Junqueras? Inaudito y esperpéntico. Junqueras, ex Consejero de Economía de la Generalitat de Catalunya, doctor en economía medieval (como verán una especialidad muy apropiada para hacer frente a los retos de la economía del siglo XXI) pasará a la Historia por la frase que condensa su “profundo y genial” pensamiento económico: “Convocaré una huelga general de una semana para hundir España”.
Ante este panorama es capital que los expertos académicos que diseñaran el plan de inversiones que el Gobierno de Pedro Sánchez presentará ante la Unión Europea tengan una profunda experiencia en el sector privado. Que conozcan las dificultades reales que una empresa tiene para captar clientes en un mercado saturado. Sin clientes, no hay negocio, no hay trabajo, no hay beneficios y no hay impuestos para mantener el Estado del Protección Social. Que conozcan lo difícil que resulta producir un bien o un servicio a un precio competitivo en un mar de impuestos, trabas administrativas y dificultades financieras.
En España, según el informe “Cifras pyme” publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, días antes del estallido de la pandemia, más de 5 millones de empleos dependen de microempresas de hasta 9 asalariados y 3,2 millones son simplemente autónomos. En total, estamos hablando de 8,2 millones de empleos que están vinculados a empresas que, por sus dimensiones, han sido ninguneadas por el Estado e sindicatos. Microempresas cuyos creadores, en la mayoría de los casos, han salido literalmente de la nada, sin ayudas oficiales, con 14 horas de jornadas laborales durante años, privándose de vacaciones en Londres y sin papás que les hayan regalado pisos o preciados contactos aquí, allí y en el más allá.
Los autónomos merecen mención aparte. Son como los tardígrados del mundo económico. Los tardígrados, también llamados “leones de agua” por los biólogos, son esos seres diminutos de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir en cualquier parte y en cualquier circunstancia. Lo mismo soportan un infierno de 150º de temperatura, que congelados a un frío absoluto de cero grados o sueltos sin casco en la Estación Espacial Internacional.
Así son los autónomos. Pero los autónomos, ni las microempresas son inmortales. Ante el cataclismo social y económico que se avecina sólo la innovación tecnológica y la digitalización de sus negocios –que posibilitará automatizar sus procesos, reducir costes, aumentar la productividad y captar nuevos clientes, dentro y fuera de su pueblo, dentro y fuera de España- les permitirá sobrevivir y progresar en un futuro incierto. Cualquier consejero pro-golpista de la Generalitat de Catalunya cobra más de 115.000 euros anuales del erario público. Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón y los demás “mariachis ideológicos” de Hugo Chávez se acercan a los 100.000 euros anuales… mientras que una microempresa que da trabajo a 5 trabajadores sólo recibe 420,00 euros al año en bonificaciones para la formación de todos sus empleados en nuevas tecnologías a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo ¿Es esta la cacareada distribución equitativa de la “política progresista”? ¿Es esto una broma macabra o una maldición?
Periodista y consultor de empresas.
