Barcelona Hoy | Opinión | Los ciudadanos de Barcelona, vienen padeciendo desde hace 135 días, el corte de su principal vía de entrada y salida de la capital por su lado norte. Todo ello se viene haciendo ante la insultante pasividad de la autoridad «competente», cuyo máximo responsable es la Excelentísima Señora Ada Colau.
Los diferentes medios de comunicación hace ya tiempo dejaron de ocuparse de la apropiación de la ciudad, por lo rutinario de la acción. Lo que lleva a preguntarse, ¿acaso el hecho que una ciudad esté secuestrada por una turba de vándalos, no debe abrir cada día las crónicas?
El origen de ésta práctica surrealista, se debe a la sentencia recaída sobre los políticos secesionistas. Los adláteres de los delincuentes encarcelados, no aceptan la sentencia y esa es su forma de protestar, coartando la libertad de movimiento de miles de ciudadanos de la ciudad condal.
«DEMOCRACIA ES RESPETAR LAS NORMAS IMPUESTAS POR LA LEY»
La consejería de Interior de la Generalidad, no ve motivos para prohibir los cortes, ya que está dentro de los límites constitucionales. Sobre los derechos de vecinos y perjudicados, nada se dice y menos se reconoce.
Se da la paradoja que aquellos que queman ejemplares de la Constitución como acto de desobediencia, la utilizan para someter a una gran parte de los ciudadanos. Hay dos administraciones implicadas en la permisibilidad de las algaradas y ambas dejan desprotegidos de sus derechos a miles de ciudadanos rehenes de la perorata secesionista.
El ministerio del Interior, dirigido por el que fuera Juez de la Audiencia Nacional; Marlaska, se une al aquelarre secesionista cerrando la investigación del caso «Tsunami», dejando así sin efecto el enorme trastorno que el movimiento nazi-secesionista ocasionó a los miles de ciudadanos del centro de la ciudad y lo que significa olvidar las decenas de millones que la turba secesionista costó al erario público en sus jornadas reivindicativas, sin posibilidad de encontrar a los responsables.
La impunidad que se permite a las algaradas callejeras, alcanza incluso a la permisibilidad de tolerar la presencia de símbolos terroristas, sin que la autoridad presente se atreva a su decomiso, quizá por ignorancia o sea por compartir las acciones terroristas que la simbología avala.
«LA ESTELADA CON FONDO AZUL, FUE LA UTILIZADA POR EL PARTIDO TERRORISTA «ESTAT CATALÀ», CON SU LÍDER FRANCESC MACIÀ AL FRENTE»
Estas manifestaciones contra la libertad de la libre circulación de cualquier ciudadano, se contestan por varios grupúsculos opuestos con la intención de protestar contra la anuencia política y policial. La capacidad de convocatoria de estos grupos es limitada, por razón horaria y desplazamiento. Sus concentraciones siempre vienen precedidas de la solicitud de autorización, ésta sí, exigente con el lugar, motivo y horario autorizados.
En estos casos, la dirección política de la consejería de Interior, sí desarrolla un plan de limitación tanto de espacio como de movimientos a los integrantes de la concentración. Éstos ciudadanos que salen en defensa de los vecinos afectados, vienen de otras partes de la ciudad e incluso de poblaciones extra metropolitanas, son acompañados (escoltados) por el cordón policial oportuno hasta el lugar destinado para concentrarse. Entonces, se señala un perímetro con cinta, del que no se puede salir —literal—, hasta el final del horario concedido, bajo amenaza de ser conducido a comisaría por desobediencia a la autoridad, previamente han sido identificados e incluso cacheados.
La intención —según cuentan los agentes—, no es otra que brindar protección frente a posibles incidentes con la contrapuesta cita. Lo curioso es que quienes se presentan en la zona por la parte secesionista, lo están sin permiso administrativo o por lo menos, tres horas antes del horario autorizado para su mascarada, dándose la circunstancia que aquellos que se reúnen con toda autorización en orden, han de ser protegidos por quienes no disponen siquiera de ese permiso.
Sin embargo llegada la hora en la que se da por finalizada la concentración anti secuestro, que se produce quince minutos antes del principio de los secuestradores, se levanta el perímetro y todo el mundo a casa. Entonces la medida de protección decae, hasta que algunas de estas personas al pasar junto a los insurrectos, son agredidas. Entonces interviene la policía y escolta a los violentados a zona más tranquila, no sin antes recriminarles que con su acción han provocado la respuesta de los pacíficos manifestantes, auténticos dueños de la calle que, como todos sabemos, «som gent de pau».
Se dan otras circunstancias en las que ciudadanos hartos del teatro diario, deciden plantar cara e intentan sobrepasar con su vehículo el cordón humano que corta la totalidad de la calzada. En esos casos el osado residente, es empujado y golpeado por la turba, ante la mirada de policías municipales y mozos que no actúan bajo el equívoco de no provocar una alteración del orden mayor y si lo hacen es para increpar al «osado», por no respetar el derecho de manifestación e incluso puede ser sancionado.
Para evitar estos espontáneos actos de reclamación del derecho que incumbe a cada persona, se ha decidido por la autoridad «responsable», que sea la propia policía municipal, quien lleve a cabo el corte de la vía, cruzando los coches patrulla en la calzada, para acto seguido ser ocupada por la turba. La sensación que el ciudadano tiene, cuando ve que es la propia policía municipal quien contribuye al corte de la Meridiana, es de absoluta desolación ante lo que significa la rendición de la Ley, ante unos pocos insurrectos, que tienen el poder de servir como garantes del Gobierno de la Nación. Ésta y no otra es la razón por la que se permite al secesionismo ser el dueño y señor de todo el desorden público que estas hordas llevan a cabo en sus algaradas.
Escritor.
