El manifiesto de la huelga de docentes celebrada en el día de ayer exige el veto al español en la enseñanza, convirtiendo esta demanda en uno de los ejes vertebradores de las movilizaciones convocadas por las principales fuerzas sindicales del sector. Denuncian que el castellano es ampliamente la lengua mayoritaria del alumnado catalán y que el conocimiento del catalán, pese a estar en máximos históricos, no garantiza su uso si no se prohibe el uso del español.
Aunque tradicionalmente las huelgas del profesorado han estado íntimamente ligadas a reivindicaciones salariales, la cuestión lingüística ha ganado peso en unos sindicatos que han batido récords en subvenciones en 2026.
Los docentes, agrupados en sindicatos mayoritarios como USTEC-STEs o la Intersindical-CSC, han exigido de manera reiterada que la inmersión lingüística, el modelo escolar que establece el catalán como única lengua vehicular de aprendizaje, se aplique ignorando las sentencias judiciales que obligan a impartir al menos un 25% de horas en castellano. Por ello, una parte sustancial de las proclamas durante las jornadas de huelga ha ido dirigida a exigir a las instituciones políticas que desobedezcan los mandatos judiciales y garanticen una educación impartida exclusivamente en catalán, lo que en la práctica se traduce en una solicitud formal para excluir la presencia vehicular de la lengua castellana en Cataluña dentro de los centros educativos.
El origen del conflicto y las reivindicaciones sindicales en la educación
La petición de imponer un modelo escolar estrictamente monolingüe en catalán surge como resultado de décadas de políticas educativas diseñadas para arrinconar la lengua mayoritaria de Cataluña (el español). Durante los años ochenta, el expresidente condenado Jordi Pujol puso en marcha la inmersión lingüística, cuyo objetivo fundacional teóricamente era garantizar que, al finalizar la etapa de escolarización obligatoria, todos los alumnos dominaran plenamente ambas lenguas oficiales. La metodología escogida consistía en utilizar el catalán como centro de gravedad del sistema, relegando el español a la asignatura de lengua y literatura españolas.
Sin embargo, en las últimas décadas, este consenso se ha fracturado progresivamente. Las organizaciones sindicales, encabezadas por figuras de gran relevancia mediática como Iolanda Segura, portavoz de USTEC, sostienen que hay que eliminar el español como lengua educativa en Cataluña pues «pondría en grave riesgo la supervivencia del idioma nacional de Cataluña». Bajo esta óptica independentista, las movilizaciones del profesorado han adoptado un tono de resistencia civil. Los manifiestos leídos durante las concentraciones y huelgas no solo claman por la reducción de las ratios de alumnos por aula o por la reversión de los recortes económicos arrastrados desde la crisis financiera, sino que sitúan el mantenimiento de la escuela íntegramente en catalán como una línea roja innegociable frente a las leyes a favor del bilingüísmo.
Los docentes, escogidos por la Generalitat, se niegan a impartir un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano
El detonante principal de esta vertiente lingüística ha sido la cascada de resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ratificadas por el Tribunal Supremo. Estas sentencias establecieron la obligación de impartir un mínimo del 25 % de las horas lectivas en español, determinando así que el castellano también debía ser reconocido jurídicamente como lengua vehicular en el sistema educativo, pues aparte de lengua oficial es la lengua ampliamente mayoritaria del alumnado en el conjutno de Cataluña. La reacción de los sindicatos fue inmediata y contundente, llamando a la comunidad educativa a la insumisión y presionando a los distintos gobiernos de la Generalitat, tanto a los dirigidos por Pere Aragonès en su momento, con consejeros como Josep Gonzàlez-Cambray o Anna Simó, como a la actual administración liderada por Salvador Illa, con Esther Niubó al frente del departamento de Educación, para que blindaran legalmente la exclusividad del catalán.
El argumento esgrimido por los huelguistas es que la aplicación de porcentajes lingüísticos destruye la «pedagogía» de la inmersión y segrega a los alumnos. En consecuencia, exigen que las direcciones de los centros no acaten la sentencia de impartir asignaturas troncales en castellano. Esta postura sindical asume de facto el veto al español como idioma de instrucción, limitándolo a una mera materia curricular. Argumentan que la lengua catalana es minoritaria entre el alumnado y que la escuela es el único lugar donde se puede imponer realmente su uso para sustituir al castellano.
La paradoja lingüística frente a los datos sociolingüísticos oficiales
Mientras en las calles y en los comunicados de huelga se exige una escuela impermeabilizada frente al español, la realidad demográfica y social que se vive fuera de los recintos escolares dibuja un panorama radicalmente distinto y mucho más complejo. Existe un profundo contraste entre la uniformidad lingüística que reclaman los sindicatos docentes y la pluralidad que caracteriza a la sociedad civil catalana.
En febrero de 2025, el gobierno autonómico, a través de la Consejería de Política Lingüística liderada por Francesc Xavier Vila, junto al director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Xavier Cuadras, hizo públicos los resultados de la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (EULP) correspondiente al año 2023. Esta encuesta, que representa el estudio más exhaustivo, ambicioso y detallado sobre la materia, arrojó unas cifras que han sacudido el tablero político y han puesto en evidencia la desconexión existente entre el modelo escolar idealizado por ciertas élites sindicales y la realidad palpable de las calles.
Los últimos porcentajes publicados por el Idescat en 2025
Los datos presentados a principios de 2025 confirmaron una tendencia descendente y sostenida en el uso social del catalán, en beneficio de un uso más extendido del castellano y de un aumento sin precedentes de la diversidad lingüística producto de la globalización. Según el informe oficial del Idescat, el porcentaje de la población de 15 años o más que declara tener el catalán como su lengua habitual de uso ha descendido al 32,6 %. Esto supone una caída de casi cuatro puntos porcentuales respecto a la anterior ola de la encuesta realizada en 2018, cuando la cifra se situaba en el 36,1 %.
Por el contrario, la lengua castellana en Cataluña se consolida como el idioma de uso mayoritario y hegemónico en el día a día de los ciudadanos. Un 46,5 % de la población encuestada afirma utilizar habitualmente el español como primera opción de comunicación. Aunque este porcentaje representa una levísima corrección a la baja en términos relativos si se compara con el 48,6 % registrado en 2018, esta ligera disminución no se debe a un trasvase de hablantes hacia el catalán, sino a la explosión demográfica de perfiles que adoptan usos lingüísticos combinados o de origen extranjero.
Resulta especialmente revelador el incremento del bilingüismo activo en las rutinas diarias. Los individuos que declaran usar indistintamente y con la misma asiduidad el catalán y el castellano como lenguas habituales han experimentado un crecimiento notable, pasando del 7,4 % en 2018 al 9,4 % en los datos publicados en 2025. A su vez, el uso de otras combinaciones que incluyen terceras lenguas, como el inglés, el francés, el árabe o el urdu, ha escalado hasta el 5,6 %, consolidando un ecosistema social altamente complejo y multilingüe.
La distinción estadística entre conocimiento, identificación y uso
Para comprender la verdadera profundidad de estos porcentajes, el Idescat y los expertos en sociolingüística distinguen entre tres conceptos fundamentales: la lengua de conocimiento, la lengua de identificación y la lengua de uso habitual. En términos de conocimiento, el modelo escolar ha demostrado un éxito indiscutible: el 93,4 % de la población de Cataluña entiende el catalán, superando el 80 % en las habilidades de expresión oral y lectura. Sin embargo, este conocimiento masivo, adquirido en gran medida gracias a las décadas de inmersión escolar exigidas por los docentes, no se traduce de manera automática en su utilización cotidiana.
En lo que respecta a la lengua de identificación (es decir, aquella lengua con la que la persona siente un vínculo emocional más estrecho e identitario), la divergencia es clara. Apenas un 30 % de la población se identifica exclusivamente con el catalán, frente a un 40,4 % que lo hace únicamente con el español. Llama poderosamente la atención el vertiginoso aumento de la identidad bilingüe, ya que el porcentaje de ciudadanos que declaran sentirse igual de identificados con la lengua catalana que con la lengua castellana en Cataluña se ha duplicado, alcanzando el 14,6 %.
Análisis detallado de los datos en la ciudad de Barcelona
Si el conjunto del territorio autonómico presenta esta inclinación mayoritaria hacia el uso del español, la radiografía específica de la ciudad de Barcelona y su inmensa conurbación metropolitana acentúa todavía más esta realidad. La capital catalana, como uno de los nodos económicos y turísticos más vibrantes del sur de Europa, ejerce como un potente imán demográfico que altera sustancialmente las dinámicas idiomáticas observadas en las zonas de interior.
En la ciudad de Barcelona, la vitalidad de la lengua castellana en Cataluña es arrolladora. Los datos desagregados de 2025 para el ámbito metropolitano muestran que el catalán como lengua estrictamente habitual lucha por mantenerse por encima del umbral del 25 % en los barrios más densamente poblados. Esta situación no se limita al centro neurálgico, sino que se irradia por todo el cinturón industrial. En el área metropolitana, que engloba a la capital y a municipios fuertemente poblados e industrializados como Montcada i Reixac, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Badalona, el uso habitual del castellano supera holgadamente la barrera del 50 %, convirtiéndose en el idioma vehicular indiscutible en las interacciones comerciales, sociales y en los patios de las escuelas, muy a pesar de las directrices académicas formales.
El impacto de la demografía y la inmigración internacional
Las causas subyacentes a esta configuración metropolitana no pueden explicarse únicamente mediante factores de preferencia política o cultural, sino que responden a movimientos demográficos estructurales de enorme magnitud. Durante la segunda mitad del siglo XX, las sucesivas oleadas de trabajadores procedentes del resto de España cimentaron el español en la base sociológica del área barcelonesa. En el siglo XXI, este fenómeno se ha visto solapado por una constante y abultada inmigración internacional.
Los nuevos ciudadanos provenientes de América Latina ya llegan con el español como lengua materna, integrándose inmediatamente en las redes sociales hispanohablantes de sus respectivos municipios. Por otro lado, los inmigrantes procedentes de Europa oriental, el Magreb o Asia tienden a adoptar el idioma castellano con mayor celeridad debido a su percepción de que este ofrece una utilidad comunicativa de escala global y facilita una integración laboral más rápida en un mercado predominantemente urbano y cosmopolita. Ante esta realidad de las calles de Barcelona, el empeño sindical de establecer un veto al español dentro de las aulas genera tensiones evidentes, al intentar crear un entorno escolar que funciona con parámetros idiomáticos radicalmente distintos a los del ecosistema familiar y vecinal del alumno.
La perspectiva de las familias y el debate social abierto
La brecha generada entre las peticiones maximalistas de la huelga docente y la fluidez bilingüe que muestran los porcentajes del Idescat ha motivado la articulación de fuertes movimientos civiles como contrapeso. Las familias que abogan por un modelo que respete la pluralidad real de la sociedad se han organizado en distintas entidades. Entre ellas destaca la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), liderada históricamente por voces como Ana Losada, que defiende el derecho fundamental de los estudiantes a recibir su educación en ambas lenguas oficiales, sin exclusiones.
Desde estos sectores críticos, se denuncia que la actitud de los sindicatos docentes que promueven la insumisión a los tribunales es antidemocrática y vulnera los derechos lingüísticos de más de la mitad de la población escolar, que tiene el castellano como lengua materna. Argumentan que el aprendizaje no es un proceso de suma cero y que la inclusión de asignaturas impartidas en lengua castellana en Cataluña no tiene por qué perjudicar al dominio del catalán, sino que, por el contrario, fomenta una mayor riqueza cultural, una competencia comunicativa superior y garantiza la igualdad de oportunidades en un Estado español plenamente interconectado.
Para las asociaciones de familias bilingües, resulta incomprensible que la huelga de profesores centre su energía en censurar la lengua mayoritaria de los ciudadanos, en lugar de focalizarse de manera exclusiva en las graves deficiencias estructurales del sistema: los preocupantes resultados en los informes PISA, las altas tasas de abandono escolar prematuro, el deterioro de la salud mental de los adolescentes, la falta acuciante de especialistas en educación especial o las condiciones laborales precarias de los docentes interinos. La percepción de muchas familias es que una parte del profesorado ha instrumentalizado una reivindicación laboral justa para introducir una agenda identitaria profundamente excluyente.
