Cataluña vuelve a ser portada en los diarios europeos. La Mesa del Parlament, de mayoría independentista, vota hoy si elimina del reglamento autonómico el requisito de no estar condenado por corrupción para seguir disfrutando del sueldo y el acta de diputado autonómico.
Actualmente el reglamento interno indica que: «en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata». El motivo de esta iniciativa, que se ha presentado a votación por sorpresa, es tratar de evitar que la Presidenta del Parlament, Laura Borràs, sea obligada a dejar su cargo.
Los grupos independentistas tratan de sortear las sentencias judiciales por corrupción
En los próximos días habrá una más que probable condena por corrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hacia la diputada de Junts Laura Borràs. Mientras ostentaba diferentes altos cargos públicos en la Generalitat, y antes de ser Presidenta del Parlament, troceó (supuestamente) contratos públicos para sortear los requisitos legales. Además, concedió a dedo contratos con un importe desmesuradamente alto.
Laura Borràs fue la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), una organización dedicada a repartir subvenciones públicas para favorecer que la población use más el catalán en detrimento del castellano.
Objetivo blindar a Laura Borràs
La Mesa del Parlament dio prioridad a esta cuestión y retrasó otros asuntos urgentes el pasado 1 de septiembre. Entonces trató de camuflarlo dando orden de hacer una «revisión técnica de los artículos del Parlament que planteaban problemas de aplicación o interpretación» para «presentar propuestas alternativas». De lo que en definitiva se trataba era de lograr que Cataluña fuera la primera región de Europa en la que una condena por corrupción no sea motivo para dejar el escaño.
Se ha pedido a los letrados del Parlament que trabajen en una nueva redacción que elimine el artículo 25, en el que se indica que «si es firme el auto [judicial] por el cual se abre juicio oral contra ellos o se acuerda su procesamiento, dada la naturaleza de los hechos imputados». La excusa es que prevalece la «presunción de inocencia», como si una condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no probara una culpabilidad.
Nueva redacción a la carta de las normas del Parlament
La propuesta de los letrados es que sean los parlamentarios los que decidan o no (arbitrariamente) retirar el acta a otro diputado condenado por corrupción. Esto plantea la cuestión de si el poder ejecutivo en Cataluña está o no suplantando al poder judicial, o lo que es lo mismo, si los políticos catalanes están tratando de ignorar las sentencias judiciales (al eliminar por ejemplo el artículo 4). La propuesta de los letrados es la de incluir un acuerdo de suspensión solo en caso de que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo. Es decir, que la Comisión del Estatuto de los Diputados esté por encima de las sentencias judiciales.
El documento pide incluir un punto en el que se indique que un diputado solo puede ser cesado por el propio Parlament. Esto evitará en el futuro que los diputados sean cesados por hacer declaraciones de independencia como la de octubre de 2017, y como le ha ocurrido a presidentes como Puigdemont y Torra.
