Barcelona Hoy | Los Mossos se podrían ver pronto en la tesitura de tener que cumplir órdenes de un juez y retirar al expresident de la Generalitat, Quim Torra, de su escaño del Parlamento si se resiste a no acatar la resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que lo ha declarado vacante. Según fuentes de la judicatura en caso de que un juez reciba la denuncia por estos hechos y le llegue antes del próximo pleno del Parlament, previsto para el 22 de enero, la secuencia natural es que el mismo juez envíe a la policía catalana para que desaloje a Torra del escaño que la JEP ha establecido que no le pertenece.
El expresident Torra: «No aceptaré ni acataré la justicia española»
Desde su cuenta oficial de twitter Torra ha vuelto a amenazar a los jueces: «Lo he dicho desde el primer día: sólo en el Parlamento de Cataluña radica la soberanía de los catalanes, expresada por la voluntad popular de los ciudadanos. Por ello, no aceptaré, ni acataré, ninguna otra decisión que no sea la que el mismo Parlamento, en votación en el Pleno, pueda tomar.»
Ferran Mascarell ocupará el escaño de Torra
La administración electoral ha determinado que el escaño corresponde ahora a Ferran Mascarell, el siguiente en la lista de JxCAT.
Las fuentes judiciales consultadas explican que, en caso de que el expresident de la Generalitat no reconozca lo que ha determinado la JEP respecto a su acta de diputado y continúe afirmando públicamente que sigue siendo diputado del Parlamento de Cataluña, se le podría atribuir un delito de usurpación de funciones públicas. Un delito contemplado en el artículo 402 del Código Penal que prevé penas de prisión de entre uno y tres años para aquel que «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial».
Las mismas fuentes agregan que en el caso de Torra los hechos se producen con el agravante de «publicidad» por parte del expresident, que en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, tras reunirse con los grupos parlamentarios independentistas, declaró que no reconocía la resolución de la administración electoral y que los mossos deberían «pensárselo dos veces». A pesar de esta declaración, su inhabilitación como diputado ha seguido su curso y la Junta Electoral Provincial dejó vacante su escaño el viernes. El gobierno de nuestra comunidad considera que estas actuaciones se enmarcan dentro de una «escalada de represión» contra las instituciones catalanas.
La oposición mueve ficha
En este sentido, es muy probable que los partidos en la oposición no se queden de brazos cruzados, especialmente C’s y PP. De hecho, desde Ciudadanos, donde hace días que afirman que Torra ya no es diputado ni presidente, han anunciado su intención de denunciar cualquier acto de desobediencia. En declaraciones a Catalunya Radio, el abogado del expresident de la Generalitat, Gonzalo Boye, dijo el sábado que Torra acatará una inhabilitación solo en caso de que se lo pida el parlament: «Tenemos que superar el marco mental de que hay que obedecer a la justicia española». Boye, contrariamente al ordenamiento jurídico, insiste en defender que la Junta Electoral no puede inhabilitar diputados.
«Solo el parlament puede juzgar a Torra, el president está por encima de los jueces españoles»
Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha manifestado su intención de plantear una batalla jurídica contra la justicia en función de las diferentes situaciones que esta inhabilitación de Torra pueda plantear. En declaraciones a Catalunya Radio este domingo, el presidente de la cámara catalana ha dicho que hará «todo lo que esté» en sus manos para garantizar que Torra pueda votar e intervenir en el próximo pleno. Aparte, Torrent tiene previsto llevar a la mesa del Parlament de este martes la discusión para aprobar la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo para frenar la orden judicial contra Torra.
